La Asociación Méxicana de la Industria Turística (AMIT) Yucatán presentó ante la Comisión de Turismo del Congreso del Estado una propuesta para tipificar el fraude turístico, un problema que afecta seriamente a esta industria en nuestra entidad.

De acuerdo con informes recientes,

Yucatán ocupa el tercer lugar nacional en incidencia de este ilícito, afirmó Rosa Isela García Pantoja, presidenta de esa agrupación, quien encabezó la entrega de la propuesta a los legisladores.

Acompaña por Rosario Cano López vicepresidente de agencias de viajes; Mónica Cabrera Pacheco, delegada de la AMIT en Homún, y Manuel Caamal Gamboa, delegado del área de transportes, Rosa Isela García entregó el documento a los integrantes de la Comisión de Turismo en el que expone que, con fundamento en los principios de protección al consumidor, legalidad, seguridad jurídica y desarrollo económico sostenible, el fraude turístico ocasionó un daño de 800 millones de pesos en 2024 en el país y el año pasado la suma se elevó a $850 millones.

Estas cifras, dijo la presidenta de la AMIT, están sustentadas en proyecciones consolidadas de Mastercard Económicos, el instituto UNWTO (agencia de Naciones Unidas especializada en turismo) y el despacho Statista (firma de ciberseguridad).

Este tipo de fraudes es cometido en su mayoría por: agencias de viajes, operadoras, organizadores de eventos, hospedajes, transportes terrestres y vendedores irregulares, que operan al margen de la ley, además de que un grupo reducido de empresas formales ya lo utilizan como modus operandi aprovechando la falta de regulación.

Entre las principales modalidades son: hospedajes inexistentes o suplantados, ventas de paquetes de viajes, tours apócrifos, cobros anticipados sin prestación de servicios, uso de vehículos de plataformas y familiares como transporte turístico, la mayoría sin cobertura amplia y licencia vigente, entre otros.

Por lo anterior, indicó Rosa Isela García, desde la AMIT consideramos urgente y necesaria impulsar esta iniciativa de ley que se basa en varias vertientes:

1.- Tipificar el fraude turístico figura jurídica específica dentro de la legislación estatal.

2.- Establecer sanciones penales y administrativas severas a quién mienta, suplante, use prácticas fraudulentas y opere sin regulación con información engañosa.

3.- Garantizar condiciones de legalidad y certeza jurídica para empresas formalmente establecidas.

4.- Proteger el desarrollo económico del turismo como actividad estratégica, al proporcionar el 16.5% del PIB de Yucatán.

Los integrantes de la Comisión de Turismo, encabezados por su presidenta, la diputada Sayda Rodriguez Gómez, y al que pertenecen sus colegas María Teresa Bohen Calero , Itzel Falla Uribe y Alejandro Cuevas Mena, ofrecieron dar seguimiento al planteamiento y organizar mesas de trabajo con el objeto de contribuir a la formación de una figura específica, en lugar de seguir atendiendo estos casos como delito común como ocurre actualmente.

De concretarse esta reforma a la ley, Yucatán sería el primer estado del país en legislar y tipificar como delito el fraude turístico, lo que colocaría al estado a la vanguardia jurídica en México.